La percepción de que existen
interferencias políticas en la Justicia es evidente. Basta echar un vistazo a
los medios de comunicación cuando hablan de jueces «conservadores» y
«progresistas» (como si fueran diputados); de las «puertas giratorias» desde la
Justicia a la política y viceversa sin el más mínimo freno; de los nombramientos
para altos cargos de amigos o afines; o, sin mínimo exhaustivo, del «reparto de
cuotas» entre el partido del Gobierno y la oposición para asaltar y controlar el
CGPJ, convertido desde hace más de treinta años en una franquicia del poder
político. De estas patologías no solo es responsable una partitocracia
insaciable en su voraz apetito por dominar el poder judicial; también hay
algunos jueces dispuestos a colaborar como actores secundarios -aunque sea de
buena fe- con el sistema enfermo, de manera que lo alientan y apuntalan.
Este modesto ensayo no va dirigido a profesionales del
derecho; o, mejor dicho, no solo a ellos. La intención es llegar a un amplio
espectro de ciudadanos; a todos aquellos que sientan alguna inquietud
intelectual por conocer cuáles son las claves normativas y estructurales que
proyectan una imagen politizada del poder judicial -singularmente la de su más
alto órgano de gobierno- y cuáles las posibles soluciones, muchas de ellas
reiteradamente reclamadas desde el Consejo de Europa, pero incumplidas
displicente y tozudamente por los gobernantes del Reino de España.
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