ADMINISTRACIÓN LOCAL ANTE LA GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS, LA. (Libro + E-book)

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La especial protección
constitucional del derecho fundamental a la protección de datos viene amparada
por los artículos 10 y 18 CE, en los que se reconoce el derecho a la dignidad de
la persona y a la limitación del uso de la informática para garantizar el honor,
la intimidad personal y familiar.

    El derecho a la protección de los datos personales no es un
derecho absoluto, sino que debe considerarse desde la perspectiva de su función
en la sociedad y de conjugar su convivencia con otros derechos fundamentales.
Actualmente, dentro de la “Sociedad de la información” estamos viviendo una
rápida evolución tecnológica y un fuerte movimiento globalizador, lo cual ha
planteado nuevos retos para la protección de los datos personales: – Una
recogida e intercambio masivo de datos personales. – La difusión por parte de
las personas físicas de un volumen cada vez mayor de información personal a
escala mundial. – La libre circulación de datos personales dentro de la Unión y
su transferencia a terceros países y organizaciones internacionales. En este
contexto, el nuevo Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, y la nueva Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía
de los derechos digitales, han pretendido: – Equilibrar los derechos de los
ciudadanos a la protección de sus datos dentro de la UE. – Establecer una
regulación más uniforme en el marco de una sociedad cada vez más globalizada y
tecnológica. – Evitar que se continúen produciendo obstáculos para el mercado
interior de la UE En este punto, no solo la empresa, sino también la
Administración Pública, en su papel ejemplarizante, están imbuidas en un proceso
de adaptación a un nuevo modelo de protección de datos.

    Desde la perspectiva de la Administración Pública, no debe
enfocarse esta nueva regulación como otra carga burocrática o administrativa,
sino como una oportunidad para mejorar la gestión y disfrute de los servicios
públicos sin menoscabar el derecho a la intimidad de los ciudadanos. Para
conseguirlo es requisito imprescindible conocer bien el régimen jurídico de la
nueva regulación y sus implicaciones. Precisamente en este punto cobra su
sentido el presente trabajo en el que se analizarán todos los aspectos del mundo
Privacy desde la perspectiva de la Administración Local, que se ha visto avocada
a una rápida adaptación a este nuevo modelo, pero sin olvidar las
particularidades que concurren en su condición de entidad pública.