Desde hace varias décadas los
procesos de globalización inciden en la comprensión racional del Derecho de
forma intensa en todas sus ramas. Los Estados, fundamentalmente en el contexto
occidental, motu proprio, han reducido su protagonismo normativo en beneficio de
otras autoridades de carácter supranacional o transnacional, y naturaleza
post-soberana.
De un orden jurídico secularizado,
basado en la «unidad» y la «unicidad» de la autoridad estatal, articulado bajo
la «sistematicidad» y «cohesión» en la aplicación del derecho a través del
recurso al principio de jerarquía, hemos pasado a un pluralismo jurídico tanto
de iure como de facto. En este sentido, el reconocimiento de un policentrismo
normativo obedece a una crisis profunda de la autoridad de los Estados, que ante
el influjo de la globalización, y en aras del crecimiento y la eficiencia
económica, se han visto obligados a reconocer autoridades supranacionales, pero
también a efectuar procesos de desregulación, atendiendo demandas de
autorregulación de diversos grupos —de naturaleza pública y privada— que aspiran
ejercer una autoridad normativa específica, justificada en una legitimidad de
origen y de ejercicio diferenciada de la legitimidad que fundamenta la autoridad
en los Estados constitucionales democráticos.
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