Para avanzar en el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, fijados por la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas, urge reorientar la actividad
financiera, tanto pública como privada en el ámbito estatal y a escala
universal. Con ese propósito, en esta obra se revisan los instrumentos con
los que tradicionalmente se ha contado en el ordenamiento
jurídico-tributario español: la extrafiscalidad -persuasiva o disuasiva- y
la exención.
A partir de sólidas bases
doctrinales y jurisprudenciales, la autora descubre el margen de actuación
constitucionalmente posible para fomentar la sostenibilidad global.
Construye una propuesta para superar las limitaciones derivadas del esquema
de competencias territorialmente definidas en el actual orden económico
internacional, articulando incentivos fiscales coordinados. No obstante,
advierte de la necesidad de un control eficiente al promover la
participación privada en la consecución del interés general más allá de las
fronteras.
Por este motivo, repasa el control
de algunas medidas fiscales adoptadas para promover impactos positivos en
materia medioambiental, social y de buena gobernanza económica, realizado
por el Tribunal Constitucional, los Tribunales de Cuentas -español y
europeo- y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Concluye que el estímulo de la
responsabilidad social empresarial con la herramienta fiscal es necesario
para lograr la sostenibilidad mundial. Sin embargo, el diseño normativo de
los incentivos fiscales -cuya definición se propone por no existir en la
legislación vigente- debe cuidarse, de manera que sean controlables y sirvan
efectivamente a la razón extrafiscal que justifica su concesión, tal como
han puesto de manifiesto experiencias recientes en Derecho comparado.
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