RETRIBUCIÓN Y LABORALIZACIÓN DE LOS DIPUTADOS ESPAÑOLES (1810-2026)

    Esta obra es una historia del parlamentarismo español a través de las retribuciones de sus miembros, desde las Cortes de Cádiz hasta nuestros días. El debate sobre si los parlamentarios deben percibir o no un salario público toca uno de los fundamentos del Gobierno constitucional, del principio básico de la división de los poderes y, en concreto, de la autonomía de las Cortes respecto del Ejecutivo. En el siglo XIX, la gratuidad del cargo se asoció al requisito de la independencia moral y material, ineludible en todo aspirante a legislador. Éste debía ser enteramente libre y no estar sujeto a ningún condicionamiento, para formular sus opiniones, defender sus criterios sobre el Gobierno y ejercer adecuadamente la fiscalización de los ministros.

    Estos presupuestos del liberalismo constitucional fueron matizados por la democratización y la consagración de los partidos en el vehículo fundamental de la representación. El parlamentario dejó de representar al pueblo para sujetarse a una disciplina de partido, a través del cual obtenía el escaño. La gratuidad fue abandonada ante la necesidad de subvencionar indirectamente el coste del trabajo parlamentario, que se incrementó conforme aumentó el ámbito de lo público y los Gobiernos asumieron nuevas responsabilidades. Eso dio paso a una tendencia hacia la profesionalización que, con el paso del tiempo, se ha desvirtuado en un proceso de laboralización que convierte al parlamentario en un empleado de su partido, pero pagado por el erario público. Esta contradicción le permite un catálogo creciente de privilegios y exenciones sin parangón dentro de la administración pública, que además se han extendido a una creciente corte de asesores y asistentes.

    El debate sobre la retribución y laboralización, un tema incómodo para sus beneficiarios, es una herramienta útil para que el lector conozca una de las distorsiones más relevantes que el Estado de partidos introduce en el funcionamiento de nuestras democracias, con objeto de mejorarlas, preservarlas y aminorar la creciente brecha entre representantes y representados.