DESAFÍOS DEL DERECHO PROCESAL DEL SIGLO XXI. Prueba prohibida, inteligencia artificial y digitalización de la administración de justicia.

    Este libro muestra un extraordinario y desafiante despliegue de temas esenciales del Derecho procesal del siglo XXI: Si el desafío, por excelencia, del siglo XX –para los procesalistas– fue la construcción de procesos plenamente garantistas –y acordes a los dictados de la CE de 1978– en el Estado Social y Democrático de Derecho que entonces estrenábamos; el desafío del siglo XXI –también para los procesalistas– lo es –sin lugar a dudas– la digitalización de la Justicia, la inserción de técnicas de IA en su marco de actuación y la categorización de conceptos procesales (tales como la prueba prohibida) que, lamentablemente, carece todavía de una formulación dogmática solvente, deudora de una doctrina asentada por el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Y es que si el mundo ha dejado de ser exclusivamente analógico: si nuestro “día a día” discurre, durante una cantidad creciente de momentos, en un espacio virtual; si nuestra agenda es electrónica; muchas de nuestras comunicaciones, telemáticas; algunas de nuestras relaciones, informáticas: en definitiva, si nos movemos diariamente, como así sucede, con toda desenvoltura, en un entorno digital, entonces también hemos de asumir que la Justicia debe entrar en este espacio, sino a riesgo de convertirlo en “territorio comanche”.

    En esta obra –que sale a la luz, precisamente, al tiempo de entrada en vigor del Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre otras, en materia de servicio público de Justicia– se ofrece una visión panorámica de la digitalización de la Justicia de los mayores, de los menores y de algunos colectivos vulnerables –mujeres migrantes víctimas de trata de seres humanos–, de manera conjunta a un tratamiento particular –ya en el centro de gravedad de cada proceso (con especial referencia al concursal)– de los mecanismos probatorios que evidencian la única realidad de los hechos sobre la que debe recaer el enjuiciamiento.

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