LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA. Comentario sistemático al Texto Refundido de 30 de octubre de 2015.

    En una perspectiva material, objetiva, esta obra es un comentario sistemático, artículo por artículo sustancialmente, de la Ley (española, estatal) de Suelo y Rehabilitación Urbana (LSRU) de 2015, principalmente el fruto del ensamblaje de dos operaciones legislativas de distintos alcance, significado y pretensiones.

    La que fue Ley de Suelo de 2007 se refundió con una serie de preceptos de carácter básico o asimilado procedentes de la Ley del Suelo de 1992 y dio lugar a la Ley de Suelo de 2008 (más propiamente, Texto Refundido de ésta).

    Por lo tanto, una vez promulgada la Ley de Rehabilitación Urbana de 2013, que, entre otros extremos, modificaba (sin carácter sustancial en ningún caso) diversos artículos de la Ley de Suelo de 2008, se delegó la facultad de aprobar un Texto Refundido que ensamblara ambos bloques normativos, actualizando y armonizando la redacción consecuente de sus preceptos. Y así se llega a la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (LSRU) de 2015, articulada con el Texto Refundido aprobado mediante Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

    Todo ello explica que, en muchas ocasiones, se acuda a los enunciados precursores de 2007, 2008 y 2013 de los cuales proceden directa o indirectamente casi todos los preceptos de esta ley hoy vigente, que constituye el Derecho troncal de facto en España para el sector urbanístico.

   
Post scriptum.–

    La complejidad estructural de esta obra ha obligado a emplear un tiempo superior al habitual para su edición material. Como “no hay mal que por bien no venga”, esto nos ha permitido detectar relevantes pronunciamientos jurisprudenciales alumbrados dentro de este mismo 2022 que han seguido perfilando los elementos básicos del Derecho Urbanístico español de que aquí se da cuenta.

   A modo de ejemplo, y solo por lo que atañe a materias asumidas directamente por mí junto a los colegas directivos de nuestra sociedad consultora, hemos podido acotar la rigurosa y sólida sentencia de 8 de marzo de 2022 del TSJ de Castilla y León (Sala de Valladolid), que, al anular parcialmente el nuevo PGOU de la capital autonómica, en punto a la nueva reordenación que decidía para una pieza de suelo urbano hasta entonces consolidado, interioriza con toda coherencia la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre la irreversibilidad de la categorización de dicho suelo con los matices derivados del replanteamiento legal iniciado en 2007 y culminado con la LSRU: no es tan irreversible como antes, pero hay que justificarla exhaustivamente en el fondo y pertrecharla documentalmente de modo adicional, en lo formal, condiciones cuya inobservancia –como en el caso– hacen sucumbir los replanteamientos pretendidos.

   E igualmente hemos podido registrar la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2022 que viene a zanjar los esporádicos zigzagueos jurisprudenciales –alimentados, en buena medida, por la indefinición del Tribunal Constitucional hasta poco antes– sobre qué concretos planes urbanísticos –a despecho de su denominación y entidad concreta– pueden quedar exonerados del trámite de la evaluación ambiental, especialmente en casos de contradicción entre preceptos estatales y autonómicos.

(Enrique Sánchez Goyanes)