DENOMINACIÓN DE ORIGEN, LA. Análisis crítico de una institución jurídico-pública.

    Un jurista francés, Norbert Olszak, ha escrito que las denominaciones de origen
-en las que se vinculan el origen geográfico de los productos y sus características específicas- son una
"cosa extraña", pues jurídicamente resulta difícil encuadrarlas en nuestras categorías ordinarias. Lo que no está reñido con que el mismo autor afirme que estas peculiares instituciones tutelares constituyen
"un bien sublime". Sobre ellas gravita una constelación de intereses de variada índole: de los productores y de las economías locales, fundamentalmente rurales, y de los consumidores, que hoy valoran en mayor medida la seguridad y calidad de los productos. Una cosa parece clara: que estos intereses que concitan las denominaciones sobrepasan lo puramente individual, y justifican una poderosa intervención pública sobre ellas.
Nadie duda del éxito de las denominaciones de origen después de más de un siglo de historia; pero también es cierto que la lastran notables incertidumbres jurídicas, y que es necesario un esfuerzo argumentativo que justifique cabalmente la drástica consecuencia que comporta el reconocimiento administrativo de cada denominación: la exclusividad en el uso del nombre (normalmente geográfico) que se asocia a ella.

    Esta monografía tiene tono reivindicativo, lo que puede deducirse de su título. En primer lugar, supone la reivindicación de la denominación de origen para el campo Derecho Público, pues el indudable carácter de signo distintivo del nombre protegido ha comportado la colonización de la institución por el Derecho mercantil. Frente a lo cual el autor sostiene que estamos ante una institución de Derecho público que gestiona un signo distinto. En segundo lugar, la investigación plantea la revisión de numerosos aspectos del alambicado régimen jurídico de las denominaciones, en el que concurren normas internacionales, europeas, nacionales y autonómicas. Un punto merece resaltarse, críticamente: el reciente encogimiento en la competencia normativa estatal frente a la autonómica.