ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: VÍAS DE HECHO Y VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

    Si el titular de un bien inmueble es privado del mismo por vía de hecho o acto arbitrario de una Administración Pública sin indemnización, en Francia tendrá la certidumbre de acudir a un Tribunal Civil, en Alemania tendrá la certidumbre de acudir a un Tribunal Contencioso-Administrativo, y en España, como en Alemania antes de la Ley de 1960, tendrá la incertidumbre de a cuál de los dos Tribunales acudir, y en ambos casos podrá recibir cualquier tipo de resolución; situación de gran inseguridad jurídica de las leyes procesales internas que viola los derechos fundamentales europeos a un Tribunal y a un plazo razonable y, por ende, a un juicio justo.

    Esta obra reproduce documentalmente demandas, pruebas, sentencias, y demás trámites esenciales ante un hecho concreto, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad ciudadana ante la Administración.

    El contenido del libro se corresponde con el escrito presentado al Parlamento Europeo, en fecha 10 de diciembre de 2015, en ejercicio del derecho fundamental de petición, y con la totalidad de la documentación acompañada al mismo. En él se reproduce toda la información esencial que acredita la alegación de manifiestamente arbitraria dejación de funciones de todos los poderes públicos, en la que quedan retratados en su proceder, paso a paso, todos los intervinientes: El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe (Huesca), la jurisdicción contencioso-administrativa, la jurisdicción civil, -especialmente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo- el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ninguno de ellos llegó ni tan siquiera a determinar la jurisdicción competente en España en casos de vías de hecho o actos arbitrarios de las Administraciones Públicas, si la civil o la contencioso-administrativa.

    Frente a esa verdad, sólo queda la denuncia democrática, doctrinal (de los juristas, en especial los constitucionalistas, los procesalistas, los civilistas y los administrativistas) y ciudadana, para impulsar la voluntad de los poderes públicos, legislativos y judiciales, españoles y europeos, hacia una sociedad con una mayor seguridad jurídica y por tanto- social y económicamente más avanzada.