ESPAÑA Y LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES DE CONTROL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

    En coherencia con el sistema democrático instaurado por la Constitución española de 1978 y con la relevancia que la misma otorga al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el art. 10.2, nuestro País no sólo fue obligándose progresivamente por medio de tratados internacionales de derechos humanos sino que, además, asumió voluntariamente el más alto grado de exigencia en la materia al aceptar la competencia de los órganos internacionales de control previstos en ellos; control que comprende la posibilidad de que el Estado sea denunciado tanto por otros Estados como por los particulares que se consideren víctimas de una violación de tales tratados por parte de España.

    El resultado de ese proceso y de esa actitud es que, a día de hoy. España ha aceptado la competencia de todos los órganos internacionales de control previstos por los tratados internacionales de derechos humanos. Y esto, tanto en el marco de la ONU (Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Comité contra la Tortura, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Discriminación Racial, Comité de los Derechos del Niño y Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). como en el del Consejo de Europa (Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Comité para la Prevención de la Tortura. A estos dos últimos hay que añadir los controles del Comité Europeo de Derechos Sociales y del Comisario de Derechos Humanos).

    Este libro recopila y examina críticamente toda la práctica de esos órganos internacionales de control relativa a España: informes, observaciones, recomendaciones, decisiones y sentencias. Un libro que puede calificarse de pionero en España porque un trabajo de tanta envergadura no se había hecho hasta la fecha.

    En definitiva, un libro imprescindible para conocer tanto la apreciación que del cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte de España tienen los órganos internacionales de control citados, como las denuncias y decisiones recaídas en el ámbito de los mismos contra España.