Si ya es sumamente difícil
desarrollar las investigaciones patrimoniales de los delitos que generan grandes
cantidades de beneficios económicos, y por ello probar las responsabilidades
penales y civiles de sus implicados, la función jurisdiccional deviene en
ineficaz, y por ende se le castiga mediática y socialmente, si dictadas
sentencias de condena las mismas no se ejecutan, o si lo hacen las actuaciones
no alcanzan a privar a los condenados de los bienes, instrumentos, productos y
ganancias derivadas de los delitos.
Para intentar luchar contra esta situación los países han
diseñado una política criminal de recuperación de activos en la que gozan de
gran apogeo y actualidad, por una parte, tipos penales como el blanqueo de
capitales o el enriquecimiento ilícito, y, por otro, una institución como el
decomiso conforme a la cual el Estado va a actuar no sólo contra las personas de
los condenados sino también contra sus elementos patrimoniales.
En
esta monografía se analizan, en clave de sistema penal, las bases conceptuales
sobre las que se construye el decomiso de bienes relacionados con actividades
criminales y se estudia en detalle el complejo entramado sustantivo y procesal
que ha sido incorporado a nuestro Derecho en los últimos meses. Todo ello de
forma crítica y propositiva en pro de realzar hasta qué punto el legislador
nacional se ve obligado -o cuando menos influido- a trasponer prácticas e
instrumentos jurídicos con origen en organismos supranacionales como las
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, el Consejo de Europa o la Unión Europea.
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.Estoy de acuerdo
