La reclamación
económico-administrativa constituye una vía específica para impugnar los actos
tributarios ante la propia Administración, constituyendo esto una peculiaridad
que arranca de la denominada Ley Camacho, de 31 de diciembre de 1881, que fue la
primera norma que arbitró la vía económico-administrativa como especialidad del
recurso administrativo en el ámbito fiscal. Las notas básicas de esta vía
especial de revisión son las siguientes: — se trata de una vía exclusiva en
materia económico-administrativa: En el ámbito de competencias del Estado el
conocimiento de estas reclamaciones corresponde con exclusividad a los órganos
económico-administrativos, que actuarán con independencia funcional en el
ejercicio de sus competencias; — es un recurso administrativo especial, tanto
por la materia como por los Órganos encargados de resolver, y — tiene carácter
de presupuesto de impugnación procesal: es necesario apurar la vía
económico-administrativa de forma previa para poder acudir a la vía
contencioso-administrativa. La normativa básica aplicable a las reclamaciones
económico-administrativas se recoge en la actualidad en los artículos 226 a 248
de la Ley 58/2002, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) –cuya última
reforma se ha llevado a cabo por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre– y en el
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la
LGT en materia de revisión en vía administrativa (RRA).
En esta obra se recogen las principales resoluciones
jurisprudenciales relacionadas con cada uno de los preceptos aplicables para la
gestión exitosa de la revisión de los actos de la administración tributaria por
esta vía.
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