INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN EL PROCESO PENAL, LA. Análisis doctrinal, legislación y jurisprudencia.

RIVES SEVA, A.P.

1ª edición, 23/02/2010, 462 páginas. ISBN: 9788497905442.

Precio (s/IVA):   77 € Euros

 

Comentario:

     La polémica surgida recientemente en torno a las garantías del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), de la que se han hecho eco todos los medios de comunicación, patentiza la importancia y actualidad del tema, del que el autor, Fiscal de profesión, nos ofrece su personal elaboración, fruto de una prolongada labor de investigación, unida a su experiencia práctica.

    De forma sistemática expone la variada y compleja problemática jurídica que presenta la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica, partiendo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. El concepto constitucional de correspondencia, los paquetes postales y la detección de su contenido, los requisitos de la resolución habilitante; los casos especiales de paquetes con etiqueta verde, de contenido identificado, etc.; el registro de equipajes y ordenadores; la intervención del correo electrónico y la entrega vigilada de drogas y objetos prohibidos.

    Especial importancia tiene en estos momentos la intervención telefónica, por la incidencia de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones; y el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril; así como de las SSTEDH de 30 de julio de 1998 (caso Valenzuela Contreras) y 18 de febrero de 2003 (caso Prado Bugallo) y del Auto de inadmisión de 25 de septiembre de 2006, dictado en el caso Abdulkadir Coban contra España. Con ese trasfondo estudia los requisitos de la resolución judicial habilitante: motivación, indicios, las Diligencias Indeterminadas, los principios de proporcionalidad, subsidiariedad, necesidad y especialidad; y los problemas procesales respecto a la audición, autenticidad, selección y trascripción de las cintas, conversaciones en lengua extranjera, reproducción en el juicio oral, identificación de la voz, etc.

    Analiza también los problemas que presentan la grabación de conversaciones propias, colocación de aparatos de escucha y grabación en lugar cerrado, intervención de comunicaciones en el ámbito penitenciario; así como la extensión del objeto del derecho al secreto de las comunicaciones: obtención de listado telefónico, examen de la memoria del teléfono móvil, obtención del código de identificación del teléfono móvil, rastreo policial para obtención de la clave IP del ordenador, etc.

    Como recapitulación trata de los efectos de la prueba ilícita en relación con todos esos temas; prestando finalmente especial atención a la jurisprudencia del TEDH en torno al artículo 8 del Convenio Europeo, presentando más de una centena de sentencias, quizá todas las dictadas por el Tribunal, cuya lectura es imprescindible para comprender el interés supranacional que durante muchos años ha tenido la materia.
 


Sumario:

CAPÍTULO I

El derecho al secreto de las comunicaciones

1. Fuentes legales

2. Su relación con el derecho a la intimidad

3. Contenido y límites: la intervención de las comunicaciones
 

CAPÍTULO II

Detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica

1. Fuentes legales

2. Alcance del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones postales

3. Concepto constitucional de correspondencia

4. Extensión de la protección a los paquetes postales

5. Actividad previa a la apertura: la detección del contenido del envío
    5.1. Empleo de rayos X
    5.2. Punción del paquete
    5.3. Doctrina del Tribunal Constitucional

6. Requisitos para la detención y apertura de la correspondencia
    6.1. La intervención judicial: la motivación del Auto habilitante y la existencia

           de sospechas fundadas.
    6.2. Duración de la medida
    6.3. Detención de la correspondencia
    6.4. La citación del interesado
        6.4.1. Efectos de la falta de citación
        6.4.2. Concepto de interesado
        6.4.3. Error en el destinatario
    6.5. Forma de realizar la apertura
    6.6. Asistencia letrada
    6.7. Efectos de la inobservancia de los requisitos necesarios

7. Excepciones
    7.1. Paquetes con etiqueta verde
    7.2. Conformidad con la apertura de oficio
    7.3. El consentimiento para la apertura
    7.4. Paquetes de contenido identificado
    7.5. Paquetes de características que evidencien no contener correspondencia

8. Apertura efectuada en el extranjero

9. Apertura de objetos relacionados con la investigación
    9.1. El registro de equipajes
    9.2. Registro de ordenadores

10. La intervención del correo electrónico

11. Entrega vigilada de drogas y objetos prohibidos
    11.1. Concepto
    11.2. La reforma de la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero
    11.3. La cuestión en la jurisprudencia
 

CAPÍTULO III

Intervención telefónica

1. Concepto

2. Naturaleza jurídica

3. Fuentes legales: la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo
    3.1. La situación anterior a la Ley Orgánica 4/1988
    3.2. La regulación actual: el artículo 579 LECrim
        3.2.1. El número segundo
        3.2.2. El número tercero
        3.2.3. El número cuarto
        3.2.4. Valoración crítica de la reforma

4. Reseña jurisprudencial

5. El secreto de las diligencias como presupuesto lógico de la intervención telefónica

6. Existencia de indicios delictivos como requisito para acordar la intervención telefónica
    6.1. Estudio de la doctrina cientuica
    6.2. La cuestión en la jurisprudencia
        6.2.1. Doctrina del Tribunal Supremo
        6.2.2. Doctrina del Tribunal Constitucional

7. Ubicación procesal de la intervención telefónica

8. Requisitos
    8.1. Motivación de la resolución que la acuerde
        8.1.1. Estudio de la doctrina científica
        8.1.2. La cuestión en la jurisprudencia
        8.1.3. Motivación por remisión al oficio policial
        8.1.4. Motivación de la prórroga de intervención telefónica
    8.2. Principio de proporcionalidad

    8.3. Principios de subsidiaríedad y necesidad
    8.4. Principio de especialidad
        8.4.1. Los encuentros casuales. La cuestión en la jurisprudencia
        8.4.2. Los encuentros casuales. Estudio de la doctrina científica
    8.5. Control judicial
    8.6. Competencia
    8.7. Determinación de la medida y sus límites
        8.7.1. Límite subjetivo
        8.7.2. Límite objetivo
        8.7.3. Límite temporal

9. Interceptación de otras señales de comunicación

10. Cuestiones procesales
    10.1. Audición, autenticidad, selección y transcripción de las cintas
    10.2. Conversaciones en lengua extranjera
    10.3. Reproducción de la grabación en el juicio oral: por audición y por lectura

            de las transcripciones.
    10.4. Identificación de la voz: la prueba fonométríca. Alcance y consecuencias

            de su falta de práctica.
    10.5. Las cintas como piezas de convicción
    10.6. Naturaleza documental de las grabaciones magnetofónicas
    10.7. Forma y momento procesal para proponer la prueba
    10.8. Habilitación de escuchas telefónicas procedentes de diligencias distintas

            a las que corresponden al juicio.
    10.9. Destino final de las cintas
  10.10. Intervención telefónica efectuada en el extranjero
  10.11. El Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL)
  10.12. Efectos: inobservancia de los requisitos de dimensión constitucional y de

            legalidad ordinaria. La conexión de antjurididdad.

11. Recapitulación

12. La actuación del Ministerio Fiscal
    12.1. Actuación en la fase de instrucción
    12.2. Posibilidad de sanear el procedimiento en un momento ulterior
    12.3. Fase intermedia y juicio oral
    12.4. Recursos contra la sentencia
    12.5. Legitimación del Ministerio Fiscal para invocar la vulneración del derecho

            a la tutela judicial efectiva.
    12.6. Efectos de la falta de notificación al Ministerio Fiscal del auto por el que

            se acuerda la intervención telefónica.
 

CAPÍTULO IV

Grabación de conversaciones propias

1. Doctrina del Tribunal Constitucional

2. Doctrina del Tribunal Supremo

 

CAPÍTULO V

Colocación de aparatos de escucha y grabación en lugar cerrado

1. La cuestión en la doctrina científica

2. Estudio de la jurisprudencia
 

CAPÍTULO VI

Intervención de las comunicaciones en el ámbito penitenciario

1. Comunicaciones genéricas
    1.1. Comunicaciones orales
    1.2. Comunicaciones escritas
    1.3. Comunicaciones telefónicas
    1.4. Requisitos comunes de la intervención

2. Comunicaciones específicas con Abogados y Procuradores

3. Comunicaciones con autoridades y profesionales

4. Comunicaciones entre internos
    4.1. Comunicaciones escritas
    4.2. Comunicación telefónica
 

CAPÍTULO VII

Extensión del objeto del derecho al secreto de las comunicaciones

1. Estudio de la doctrina científica

2. Doctrina del TEDH

3. Posición de la Fiscalía: La Consulta 1/1999
    3.1. Extensión material
    3.2. Extensión temporal
    3.3. Los datos de tráfico como datos personales sujetos a tratamiento

           automatizado.
        3.3.1. Alcance de la normativa sectorial
        3.3.2. Principio de protección reforzada de los datos sensibles
        3.3.3. Principio de protección más amplia
    3.4. Conclusión: la necesidad del proceso judicial

4. La cuestión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo
    4.1. Obtención de listado telefónico
    4.2. Obtención de listado de envío de paquetes
    4.3. Averiguación del número telefónico
    4.4. Examen de la memoria del teléfono móvil
    4.5. Obtención del código de identflcación del teléfono móvil
    4.6. Rastreo policial para obtención de la clave IP del ordenador

5. Doctrina del Tribunal Constitucional

6. La Ley 25/2007, de 18 de octubre, de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones.
 

CAPÍTULO VIII

La ilicitud de la prueba por vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones

1. La prueba ilícita: El artículo 11.1 de la LOPJ

2. Prueba irregular y prueba ilicita

3. El efecto reflejo de la prueba ilícita
    3.1. Doctrina del Tribunal Supremo
    3.2. Doctrina del Tribunal Constitucional

4. Legitimación para invocar la violación del derecho al secreto de las comunicaciones

5. Momento procesal en el que se ha de cuestionar la validez de la prueba

6. Impugnación de la declaración de nulidad de la prueba
    6.1. Cauce procesal
    6.2. Legitimación del Ministerio Fiscal
    6.3. Efectos
 

CAPÍTULO IX

Jurisprudencia del TEDH en torno al artículo 8 del CEDH

1. Caso Golder: Sentencia de 21 de febrero de 1975

2. Caso Klass: Sentencia de 6 de septiembre de 1978

3. Caso Silver: Sentencia de 25 de marzo de 1983

4. Caso Malone: Sentencia de 2 de agosto de 1984

5. Caso Campbell y Fell: Sentencia de 28 de junio de 1984

6. Caso Boyle y Rice: Sentencia de 27 de abril de 1988

7. Caso Schönenberger y Durmaz: Sentencia de 20 de junio de 1988

8. Caso Schenk: Sentencia de 12 de julio de 1988

9. Casos Kruslin y Huvig: Sentencias de 24 de abril de 1990

10. Caso McCallum: Sentencia de 30 de agosto de 1990

11. Caso Pfeifer y Plankl: Sentencia de 25 de febrero de 1992

12. Caso Margareta y Roger Andersson: Sentencia de 25 de febrero de 1992.

13. Caso Thomas Campbell: Sentencia de 25 de marzo de 1992

14. Caso Niemietz: Sentencia de 16 de diciembre de 1992 1

15. Casos Funke, Crémieux y Miailhe: Sentencias de 25 de febrero de 1993.

16. Caso Sra. A. contra Francia: Sentencia de 23 de noviembre de 1993

17. Caso Calogero Diana: Sentencia de 15 de noviembre de 1996

18. Caso Domenichini: Sentencia de 15 de noviembre de 1996

19. Caso Halford: Sentencia de 25 de junio de 1997

20. Caso Koop: Sentencia de 25 de marzo de 1998

21. Caso Lambert contra Francia: Sentencia de 24 de agosto de 1998

22. Caso Petra: Sentencia de 23 de septiembre de 1998

23. Caso A.B. contra Holanda: Sentencia de 29 de enero de 2002

24. Caso Jankauskas contra Lituania: Sentencia de 24 de febrero de 2005

25. Caso Matheron contra Francia: Sentencia de 29 de marzo de 2005

26. Caso Argenti contra Italia: Sentencia de 10 de noviembre de 2005

27. Caso Copland contra Reino Unido: Sentencia de 3 de abril de 2007

28. Caso Reyhan contra Turquía: Sentencia de 23 de septiembre de 2008

29. Caso Liberty y otros contra Reino Unido: Sentencia de 1 de julio de 2008

30. Caso Valenzuela Contreras contra España: sentencia de 30 de julio de 1998

31. El caso Prado Bugallo contra España: Sentencia de 18 de febrero de 2003.

32. El caso Abdulkadir Coban contra España: Auto de 25 de septiembre de 2006

33. Otras resoluciones
 

Bibliografía

 
 
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