ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN, EL. Tomo I.- El derecho de libre acceso a los Tribunales.

CHAMORRO BERNAL, F.

1ª edición, 12/09/2005, 723 páginas. ISBN: 9788493427313.

Precio (s/IVA):   100 € Euros

 

Comentario:

    Cada dia es más cierto que el dominio del derecho procesal exige el conocimiento de la jurisprudencia constitucional. Prescindiendo del recurso de amparo, la nueva LEC autoriza basar la nulidad de actuaciones. el recurso de casación o el recurso extraordinario por infracción procesal en la vulneración del art. 24 CE, que normalmente hay que haber denunciado con carácter previo. Sin embargo, no existiendo un catálogo del contenido de dicha norma ¿cómo denunciar una infracción del art. 24 CE si no se sabe si lo es?

    El Tribunal Constitucional es quien únicamente puede definir el contenido del art. 24 CE. De ahí la importancia de sistematizar sus pronunciamientos y de ahí el objetivo de la obra que se inicia con este tomo, a saber, delimitar y precisar el contenido del art. 24 y por tanto, de las posibles infracciones del mismo.

    El autor que en “La tutela judicial efectiva” (1994) nos ofreció una visión sintética de ese derecho fundamental, con esta obra inicia, en cambio, una exposición analítica de aquel derecho y, además, de todo el contenido del art. 24 CE.

    En este primer tomo, dedicado al derecho de libre acceso a los Tribunales, cabe destacar tres temas indispensables para cualquier operador jurídico: la visión constitucional de la legitimación y su tratamiento expansivo, las contradicciones del TC en relación al derecho al recurso y el estudio de la subsanación de los defectos procesales, institución no suficientemente cultivada por la doctrina.

    La obra El art. 24 de la Constitución, que se inicia con este primer tomo tiene, en principio, el siguiente plan de realización:

Tomo I: El derecho de libre acceso a los Tribunales

Tomo II: La prohibición de la indefensión

Tomo III: El derecho a una respuesta de los Tribunales

Tomo IV: El derecho a que la respuesta de los Tribunales sea efectiva y sin dilaciones

Tomo V: Otros derechos y garantías procesales

Tomo VI: La presunción de inocencia

Tomo VII: Jurisdicción y tutela judicial efectiva.

Sumario:

PRIMERA PARTE
EL DERECHO DE LIBRE ACCESO A LA JURISDICCIÓN

Capítulo Primero
El principio de acceso generalizado a la jurisdicción

1.- El principio de acceso generalizado a la jurisdicción. El supuesto de la Ley 30/1995 (Baremo)

2. Todos pueden someter a los Jueces y Tribunales el cuestionamiento de cualquier derecho o interés legítimo. Las cuestiones de inconstitucionalidad.

3. Nadie puede sufrir represalias por haber ejercido su derecho de acceso a la jurisdicción o por haberlo intentado (garantía de indemnidad).
    3.1 Garantía de indemnidad para el acceso a la jurisdicción
    3.2 Garantía de indemnidad también para los actos preparatorios del
        acceso a la jurisdicción
    3.3 Aplicabilidad general de la garantía de indemnidad

4. El legislador debe proporcionar los cauces procesales adecuados y sólo puede restringir el acceso a la jurisdicción, de forma razonable y proporcionada, para proteger otros derechos constitucionales.

5. Los Jueces y Tribunales tienen el deber de colaborar en hacer efectivo el derecho a la tutela judicial y han de aplicar el principio "pro actione" en caso de cuestionarse el derecho de libre acceso a la jurisdicción.

 

Capítulo Segundo
Titulares del derecho de libre acceso a la jurisdicción y características de ésta

1. Titulares del derecho de libre acceso a la jurisdicción

2. El supuesto especial de la propia Administración como titular de este derecho

3. Las características esenciales de la jurisdicción:
    3.1 La unidad, plenitud y exclusividad de la jurisdicción
    3.2 La necesaria inmediación judicial
    3.3 La independencia de la jurisdicción
    3.4 La imparcialidad de la jurisdicción
    3.5 La jurisdicción no puede constituir nunca un automatismo
    3.6 La jurisdicción ha de ejercerse por órganos auténticamente jurisdiccio-

        nales y en el ejercicio de sus competencias con estricto sometimiento

        a la ley

 

Capítulo Tercero
Las especialidades del derecho de libre acceso a la jurisdicción penal

1. El alcance del dº de libre acceso a la jurisdicción penal: El "ius ut procedatur"

2. La acción popular y sus requisitos. La fianza.

3. Ejemplos típicos de acciones populares

4. Los derechos constitucionales del querellante en relación a la admisión de la querella y a la práctica de las diligencias propuestas. El deber judicial de agotar las diligencias de investigación:
    a) En cuanto a la admisión de la querella
    b) En cuanto a la práctica de las diligencias de investigación propuestas,
        tendentes a la admisión de la querella
        1. Diligencias que son esenciales para la admisión de la querella
        2. El querellante tiene derecho a la prueba sobre la existencia de los
            hechos punibles denunciados
    c) El Juzgado de Instrucción tiene el deber de agotar los medios de
        investigación
    d) Los requisitos que debe reunir el Auto de archivo

5. El derecho de acceso del imputado al proceso: La obligación de comunicar inmediatamente la imputación para no llevar a cabo una instrucción a espaldas del afectado y permitir la defensa desde el primer momento

6. El proceso penal no puede ser inquisitivo ni tampoco una causa general en búsqueda de algún delito

7. El derecho de acceso del perjudicado: La notificación al perjudicado de la existencia de las actuaciones penales para permitir su comparecencia. El ofrecimiento de acciones. La necesaria notificación del archivo.
    a) El ofrecimiento de acciones
    b) La obligada notificación del archivo de las actuaciones al perjudicado,
        aunque no haya comparecido, para permitirle el ejercicio de la acción
        civil o para poder recurrir

8. El derecho de acceso al proceso penal de las compañías aseguradoras

9. El acceso al Juez del "Habeas corpus"

10. El alcance de la estimación de un amparo frente a una sentencia penal absolutoria firme.

 

Capítulo Cuarto
Exclusiones o limitaciones del derecho de libre acceso a la jurisdicción, efectuadas por el poder legislativo

1. Los actos internos de las cámaras legislativas

2. Las facultades del legislador para regular el acceso a la jurisdicción

3. Obstáculos al acceso a la jurisdicción, establecidos por el propio legislador

4. El legislador, en la regulación de los procesos, no puede establecer diferencias irrazonables (El proceso especial del Banco Hipotecario)

 

Capítulo Quinto
Exclusiones o limitaciones del derecho de libre acceso a la jurisdicción, efectuadas por el poder ejecutivo

1. El principio general de sometimiento del ejecutivo al poder judicial

2. El poder ejecutivo no puede regular el acceso a la jurisdicción

3. Ejemplos de sometimiento general de la Administración al control judicial
    a) En relación a la Administración en general: Necesidad de permitir la
        suspensión de los actos administrativos
    b) En relación a las instituciones penitenciarias
    c) En relación al Tribunal de Defensa de la Competencia
    e) En relación a las Administraciones corporativas
    f) En relación a los Letrados conciliadores en materia laboral

4. El supuesto especial de las Juntas Electorales y del Tribunal de Cuentas.

 

Capítulo Sexto
Exclusiones o limitaciones del derecho de libre acceso a la jurisdicción, efectuadas por el poder judicial.

1. Interpretaciones formalistas o irrazonables, por parte de los Tribunales, de los requisitos de acceso a la jurisdicción

2. El caso paradigmático de la interpretación de la exigencia legal de la comunicación previa, posteriormente abandonada, para acceder a la jurisdicción contenciosa-administrativa

3. La denominada discrecionalidad técnica y la insatisfactoria doctrina del TC

4. El campo del asociacionismo privado, como presunta zona parcialmente inmune a la jurisdicción

 

Capítulo Séptimo
Exclusiones o limitaciones del derecho de libre acceso a la jurisdicción, aceptadas por los propios ciudadanos o derivadas del propio ordenamiento jurídico

1. El arbitraje y la exclusión del control jurisdiccional sobre el fondo material de la cuestión

2. Limitaciones del acceso a la jurisdicción, consentidas por los ciudadanos. Los procedimientos sumarios o especiales

3, Situaciones, derivadas del propio ordenamiento jurídico, que impiden o dificultan el acceso a la jurisdicción:
    3.1 La inseguridad jurídica que impide al ciudadano conocer sus derechos
        o intereses jurídicos y por tanto, plantearlos ante los Tribunales (leyes
        de presupuestos, leyes de acompañamiento)
    3.2 La prescripción y la caducidad como posibles causas inconstitucionales
        de impedir el acceso a la jurisdicción
        3.2.1 La prescripción y la caducidad previstas legalmente
        3.2.2 La prescripción causada por la inactividad de los propios órganos
            jurisdiccionales
    3.3 Los cambios de jurisprudencia (overruling) y su retroactividad, en
        relación a las condiciones de acceso a los Tribunales

 

 

SEGUNDA PARTE
EL DERECHO DE LIBRE ACCESO AL PROCESO

Capítulo Octavo
El derecho de libre acceso al proceso

1. Ha de existir por lo menos un cauce procesal para materializar el acceso a la jurisdicción y si no, lo ha de abrir el órgano jurisdiccional

2. El derecho al proceso aunque no esté previsto. Forma de habilitar un proceso, caso de no existir ninguno. La elección del proceso, de existir varios.
    2.1 El derecho a un proceso
    2.2 El derecho a la elección del proceso
    2.3 La elección del proceso para la defensa de derechos fundamentales
    2.4 El proceso no puede ser arbitrariamente desbordado por el órgano
        jurisdiccional
    2.5 La elección del proceso contenido en la Ley 62/1978

3. La prejudicialidad puede constituir, en determinadas circunstancias, un obstáculo al acceso al proceso, que no puede ser dilatado indebidamente

4. El derecho, en principio, a resolver la cuestión en un solo proceso, máxime si se trata de derechos fundamentales

5. La Constitución obliga a impulsar de oficio el proceso

6. Las declaraciones de incompetencia jurisdiccional

7. La incomparecencia al proceso y la presunción de desistimiento. Las justas causas de inasistencia.

 

Capítulo Noveno
La legitimación, llave de acceso al proceso

1. La trascendencia constitucional de la legitimación

2. El concepto de interés legítimo

3. El interés derivado o vinculado

4. La nueva regla de oro: Donde hay interés legítimo tiene que haber legitimación y ésta ha de interpretarse obligatoriamente de forma amplia

5. La parte tiene la carga de argumentar su interés legítimo

6. La legitimación pasiva y el litisconsorcio pasivo necesario

7. Supuestos en los que el TC se ha pronunciado sobre problemas de legitimación

8. Ejemplo de interés cuestionado: Legitimación de una madre tutora para instar la separación conyugal de su hija incapacitada (STC 311/2000)

9. Los intereses colectivos, comunes o difusos

10. El caso Violeta Friedman, paradigma de interés común (STC 214/1991)

11. El interés en las acciones meramente declarativas

12. El interés en las condenas de futuro

 

Capítulo Décimo
El concepto de parte procesal y su llamada al proceso

1. El concepto de parte procesal. Parte material y parte formal

2. Parte litigante y parte interesada. Partes indispensables y partes eventuales

3. La determinación de las partes demandadas, carga procesal del demandante

4. Sobre si es obligatorio constituirse en parte

5. Los terceros poseedores y la posibilidad o no de ser partes en el procedimiento ejecutivo de la Ley Hipotecaria

6. La llamada del demandado al proceso: El emplazamiento

7. Cuándo la ausencia o los defectos del emplazamiento tienen trascendencia constitucional

8. Obligación de suspender, si no consta efectuada la citación de la parte incomparecida

9. El deber de diligencia del órgano jurisdiccional

10. El deber de diligencia de la parte

11. Conducta a seguir ante una resolución dictada inaudita parte

12. La llamada de la parte en la segunda instancia o en recursos extraordinarios Los errores de identificación del proceso

13. El conocimiento extraprocesal fehaciente del proceso en el que no se ha sido emplazado o la presunción razonable del mismo, descarta la indefensión material necesaria para la estimación de un recurso de amparo.

14. Toque de atención de una opinión disidente del TEDH sobre la presunción de conocimiento extraprocesal del proceso

 

Capítulo Décimo-primero
La excepcional vía edictal

1. El origen de la doctrina constitucional sobre los edictos

2. Cuándo están permitidos los edictos, requisitos de los mismos y cuándo producen indefensión

3. La imposibilidad de emplazar por edictos en materia penal

4. El ofrecimiento de acciones por edictos, en procedimientos penales masivos: El caso de la presa de Tous

5. La mínima actividad investigadora del domicilio del demandado, que es exigible al órgano jurisdiccional.

6. Los actos de comunicación en la nueva LEC, desde el punto de vista constitucional

7. Alcance de esta doctrina en las notificaciones administrativas

 

Capítulo Décimo-segundo
Los otros actos de comunicación: citaciones y notificaciones

1. Contenido esencial de los actos de comunicación

2. Las deficiencias de comunicación entre las partes y sus representantes legales no constituyen materia constitucional

3. Las notificaciones en el domicilio familiar

4. Las citaciones por correo certificado

5. Las notificaciones por telegrama

6. La citación o notificación telefónica

7. La corruptela de la citación para la citación

8. Los problemas actuales en la jurisdicción contencioso-administrativa: La culpa in vigilando de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia

9. La notificación o emplazamiento con cédula entregada a un tercero. El derecho a poder acreditar la no recepción.

10. El emplazamiento a ignorados herederos.

 

Capítulo Décimo-tercero
Requisitos formales y económicos para el acceso al proceso

1. El acto de conciliación y la reclamación administrativa previa

2. El requisito del tiempo. Los plazos procesales y su insubsanabilidad

3. El requisito del lugar. El Juzgado de Guardia

4. Los requisitos de forma

5. El papel del fedatario público

6. Las consignaciones
    a) Las consignaciones del importe de las condenas
    b) Las consignaciones de alquileres
    c) Las condenas en los procesos verbales del automóvil
    d) Las consignaciones en los retractos
    e) Los efectos provocados por las dudas de las partes
    f) El pago de intereses por las cantidades consignadas no son disuasorios

7. La condena en costas

8. Las fianzas

9. Los depósitos

 

Capítulo Décimo-cuarto
La postulación eventualmente necesaria para acceder al proceso

1. El derecho a la autodefensa y el carácter complementario de la asistencia letrada

2. La exigencia de postulación para acceder al proceso

3. La postulación para los que carecen de medios económicos. La asistencia jurídica gratuita

4. La necesaria efectividad de la asistencia jurídica gratuita

5. El carácter siempre subsanable de los defectos de postulación

6. La subsanabilidad asimismo de los defectos en las facultades de representación del Abogado en sus actuaciones profesionales

7. La habilitación

8. Las relaciones internas de la postulación

9. El problema del archivo de diligencias penales en las que existe una previa solicitud de designas de oficio. El círculo vicioso en que incurre la actual doctrina del TC

 

 

TERCERA PARTE
EL DERECHO DE LIBRE ACCESO AL RECURSO

Capítulo Décimo-quinto
La doctrina inicial del Tribunal Constitucional sobre el derecho de libre acceso al recurso

1. El derecho al recurso legalmente establecido, como continuación del derecho a la tutela

2. Las sentencias del TC que postulaban la aplicación del principio "pro actione" al derecho de acceso al recurso

3.- El derecho a una resolución sobre el fondo del recurso

4. El derecho de libre acceso al recurso establecido, aunque no existe un derecho absoluto al mismo, salvo en lo penal. El peligro de la instancia única

5. Interpretación de las causas de inadmisión de un recurso. La subsanación.

6. Supuestos de inadmisión de recursos, declarados inconstitucionales

 

Capítulo Décimo-sexto
La polémica STC 37/1995, origen del cambio del TC sobre el alcance del derecho de acceso al recurso

1. La STC 212/1994, paradigma de la doctrina inicial del TC

2. La polémica STC 37/1995 de 7 de febrero, origen del cambio de la anterior doctrina

3. Los votos particulares a la STC 37/1995

4. La aplicación de la doctrina de la STC 37/1995

5. Del abandono del principio "pro actione" a su teórica modulación en el acceso al recurso

6. Crítica de la actual doctrina del TC y posible solución

 

Capítulo Décimo-séptimo
La doctrina actual del Tribunal Constitucional sobre el derecho de acceso al recurso

1. De acuerdo con la doctrina actual del TC, los requisitos de admisión del recurso, constituyen un tema de mera legalidad ordinaria

2. Las contradicciones del TC en relación a la aplicabilidad del "pro actione" en el acceso al recurso

3. Los cánones de control por parte del TC de la admisión de los recursos

4. La aplicación de los actuales cánones de constitucionalidad seguidos por el TC en el derecho de acceso a los recursos:
    4.1 Aplicación de una causa de inadmisión inexistente
    4.2 Arbitrariedad o falta de motivación en la aplicación de la causa
        de inadmisión
    4.3 Interpretación irrazonable de la causa de inadmisión
    4.4 Aplicación de una causa de inadmisión de forma proporcionada
        y de acuerdo con su finalidad
    4.5 Existencia de un error patente

5. El carácter perturbador de la nueva doctrina del TC sobre el derecho de acceso al recurso

6. La solución constitucionalmente razonable en materia de acceso al recurso: El principio "pro actione" modulado por el "fumus boni iuris", la distinción entre recursos ordinarios y extraordinarios y el principio de subsanación

7. El derecho a la utilidad del recurso

8. La privación de alguna instancia a través de los recursos

9. Anulada una sentencia, vía recurso, ¿puede el anterior Tribunal volver a juzgar imparcialmente la misma cuestión?

10. La igualdad de armas a través en el proceso exige las mismas posibilidades de recurso para las partes

11. Sobre si es obligatorio comparecer en el recurso interpuesto de contrario, a efectos de acceder al amparo

 

Capítulo Décimo-octavo
Las correcciones del TEDH a la doctrina del TC en materia de acceso al recurso

1. El TEDH considera que, cuando se establecen recursos, deben asegurarse respecto de los mismos las garantías del art. 6.1 del Convenio

2. La sentencia del TEDH de 28 de octubre de 1998 (PÉREZ DE RADA contra ESPAÑA)

3. La sentencia del TEDH de 25 de enero de 2000 (MIRAGALL ESCOLANO Y OTROS contra ESPAÑA)

4. La sentencia del TEDH de 15 de febrero de 2000 (GARCÍA MANIBARDO contra ESPAÑA)

5. Otras posibles correcciones del TEDH

 

Capítulo Décimo-noveno
El derecho a la doble instancia penal y el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU

1. El derecho a la doble instancia penal

2. La posición del TEDH y del TC ante las quejas por inexistencia de una auténtica segunda instancia contra todas las sentencias penales condenatorias

3. El Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 20 de julio de 2000

4.Las reacciones al citado Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU

5. Los intentos del TC de ampliar el cauce de la segunda instancia penal, después del Dictamen del Comité de la ONU: Aplicabilidad del principio "pro actione" en el recurso de apelación y nuevo diseño de la casación penal (STC 70/2002)

6. La imposibilidad de que, en los recursos penales, el órgano superior pueda revisar, si no es con inmediación, las pruebas personales sobre la culpabilidad del acusado (STC 167/2002 y posteriores)

7. Forma de ejecutar un Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU

 

Capítulo Vigésimo
El recurso admitido indebidamente y el error en su información. Las vulneraciones constitucionales en las resoluciones interlocutorias

1. El recurso admitido indebidamente

2. Error u omisión en la información sobre el recurso posible

3. Conducta a seguir por la parte a raíz de la información que se le facilite sobre los recursos posibles

4. Los recursos de amparo contra resoluciones interlocutorias son excepcionales
    4.1 Supuestos concretos de amparo interpuestos contra resoluciones
        interlocutorias penales
    4.2 La solución deseable para dichos posibles recursos de amparo
        contra resoluciones interlocutorias

 

Capítulo Vigésimo-primero
Pronunciamientos del TC sobre recursos concretos

A) Recursos ordinarios:
    1. El recurso de reposición
    2. El recurso de reforma
    3. El recurso de súplica
    4. El recurso de apelación en general y su ámbito
    5. El recurso de apelación penal
    6. El recurso de queja
    7. La aclaración de las resoluciones judiciales
        7.1 El carácter excepcional de la aclaración
        7.2 El objeto de la aclaración
        7.3 La aclaración y el recurso de amparo
        7.4 La aclaración no puede servir para subsanar errores no materiales

            de los órganos jurisdiccionales
        7.5 Las aclaraciones modificativas de la resolución, adoptadas de oficio
    8. La necesaria notificación personal de las sentencias penales para que

        pueda correr el plazo para recurrirlas
    9. La posibilidad excepcional de recurrir sentencias penales no por su parte

        dispositiva sino por su fundamentación

Recursos extraordinarios:
    10. El recurso de casación civil
    11. El recurso de casación penal
    12. El recurso de suplicación laboral
    13. El recurso de revisión como proceso autónomo
    14. El recurso de unificación de doctrina
    15. La dudosa constitucionalidad de la regulación del recurso
        extraordinario de infracción procesal

 

 

CUARTA PARTE
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE PROTEGEN EL DERECHO DE LIBRE ACCESO A LOS TRIBUNALES

Capítulo vigésimo-segundo
El principio de conservación de los actos procesales y el carácter no autónomo de los requisitos procesales

1. El sentido de los requisitos formales y su carácter no autónomo

2. El principio de conservación de los actos procesales

3. La nulidad de actuaciones como solución excepcional

4. La nulidad detectada después de dictarse sentencia

5. Qué defectos procesales pueden impedir el acceso a la jurisdicción, al proceso y al recurso

6. Los errores judiciales no pueden perjudicar al ciudadano

 

Capítulo vigésimo-tercero
El principio antiformalista: La obligada atención a la finalidad de las normas procesales

1. La obligada atención a la finalidad de las normas procesales

2. Qué es el formalismo

3. Ejemplos de rigor formalista, contrarios al derecho de acceso

4. Una frecuente interpretación de los requisitos del antiguo recurso de reposición, ejemplo paradigmático de formalismo

5. La interpretación formalista del TC sobre el art. 45 de la LPL de 27 de abril de 1990 (antiguo art. 22 de la precedente LPL de 1980), que obliga a comunicar la presentación de los escritos en el Juzgado de Guardia, so pena de ineficacia

 

Capítulo vigésimo-cuarto
El principio de razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad

1. Los principios de racionalidad y de razonabilidad en el Derecho

2. El concepto de razonabilidad

3. Algunos supuestos de irracionalidad y de irrazonabilidad reconocidos por el TC

4. La STC 160/1997, un cómputo irrazonable del plazo de prescripción

5. La STC 159/1997 y la aplicación de una ley previamente declarada inconstitucional

6. Cuándo una decisión jurisdiccional es arbitraria

 

Capítulo vigésimo-quinto
El principio de proporcionalidad

1. El principio de proporcionalidad entre los defectos procesales y sus consecuencias

2. Contenido del principio de proporcionalidad

3. Los momentos lógicos de la aplicación del juicio de proporcionalidad

4. La proporcionalidad como canon de razonabilidad de la trascendencia otorgada a los defectos procesales

5. El principio de proporcionalidad de la pena en la STC 136/1999, relativa a la condena de HB por difusión de un video de ETA

 

Capítulo vigésimo-sexto
El principio "in dubio pro actione"

1. El principio "in dubio pro actione" o el "favor actionis"

2. El núcleo tradicional del principio "in dubio pro actione": La interpretación más favorable al acceso a la jurisdicción

3. La inicial concepción del "pro actione" por parte del TC estaba de acuerdo con la tradicional

4. La falta de coherencia del TC sobre el contenido del principio "pro actione"

5. Lo infructuoso de los intentos del TC de transformar el principio "pro actione"

6. La posible solución doctrinal al problema del contenido y alcance del principio "pro actione"

 

Capítulo vigésimo-séptimo
El principio de subsanación (I): Una teoría general de la subsanación

1. La subsanación en la etapa preconstitucional

2. Por qué unos mismos defectos procesales tuvieron un distinto tratamiento por parte del Tribunal Supremo y por parte del Tribunal Constitucional

3. El mecanismo utilizado por el TC en sus resoluciones contiene las bases de una teoría general de la subsanación

4. Verificación de esa teoría general de la subsanación

5. La conducta a observar por los órganos jurisdiccionales ante la existencia de un defecto procesal que puede frustrar el derecho de libre acceso a los Tribunales

6. El derecho a obtener la subsanación y la obligación de interesarla en determinados casos

7. En qué puede consistir la subsanación

8. La defectuosa regulación de la subsanación en la LEC

 

Capítulo vigésimo-octavo
El principio de subsanación (II): Elementos para su aplicación

1. El principio general de subsanación y su origen en el art. 24 CE

2. Una vez descartada la nulidad de los actos procesales, los incompletos o irregulares son, en principio, susceptibles de subsanación, salvo que se declaren expresamente insubsanables, respetando los principios examinados

3. Defectos procesales considerados insubsanables por el TC

4. Circunstancias determinantes de la imposibilidad de subsanación

5. Innecesariedad de subsanación formal cuando, al haberse cumplido la finalidad de la norma, se ha producido ya una subsanación material o de hecho

6. El órgano jurisdiccional debe interesar la subsanación de una manera clara y ser congruente

7. El defecto procesal a subsanar ha de afectar esencialmente a la decisión judicial para que, de no subsanarse, pueda provocar la inadmisión de una demanda o recurso

8. Necesidad de notificar a la parte la existencia del defecto, si no lo conoce, a fin de que pueda subsanarlo

9. El tiempo en la subsanación: Un defecto subsanable no puede convertirse en insubsanable por no haber sido detectado por el órgano jurisdiccional

10. El principio de confianza legítima inducida por el Tribunal y la subsanación de hecho

11. La necesidad de establecer un requerimiento generalizado para la subsanación de defectos, antes de declarar su ineficacia. El derecho de la parte a equivocarse, como se equivocan los órganos jurisdiccionales, sin que ello presuponga, siempre, falta de diligencia.

 
 
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